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La Argentina llegará a las audiencias del Tribunal Internacional del Derecho del Mar con el objetivo de obtener medidas que detengan el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. Las exposiciones están previstas para el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo. En el Gobierno sostienen que hay fundamentos para una decisión favorable, aunque reconocen que el resultado depende de los jueces y que no habrá necesariamente una resolución inmediata. La estimación oficial es que el tribunal podría pronunciarse varias semanas después, pero todavía no hay una fecha definida.
El reclamo forma parte de un arbitraje internacional que la Argentina inició el 28 de septiembre contra el Reino Unido bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El 13 de octubre, el país pidió al tribunal que disponga medidas provisionales mientras se conforma el órgano arbitral. La solicitud busca evitar que las actividades hidrocarburíferas avancen durante ese período y que se consolide una situación difícil de revertir antes de que se resuelva la controversia principal.
El proyecto cuestionado es Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. De acuerdo con la información publicada, las compañías prevén iniciar perforaciones en 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028. El procedimiento de Hamburgo no resolverá la soberanía de las islas: deberá determinar si corresponde preservar los derechos invocados mientras continúa el arbitraje. Entre los pedidos argentinos figuran frenar nuevas actividades de explotación y proteger el medio marino.
La estrategia oficial no se limita al tribunal. El Gobierno anunció más de 180 notas de desaliento dirigidas a compañías y proveedores, y abrió procedimientos sancionatorios contra 60 personas y empresas. Sin embargo, aún no aplicó nuevas penalidades definitivas. En paralelo, busca aprobar una ley para endurecer las sanciones y ampliar su alcance a los actores económicos vinculados con las actividades que cuestiona.
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional obtuvo dictamen en Diputados, pero sigue sujeto a diferencias entre el oficialismo y sus aliados; la iniciativa también contempla crear un Consejo de Seguridad Nacional, cuyas atribuciones y controles continúan en discusión. El Gobierno, además, afirma que mantendrá la financiación de la Base Naval Integrada de Ushuaia como parte de su política para el Atlántico Sur. La Casa Rosada anticipa que continuará el reclamo jurídico y diplomático cualquiera sea el resultado de las audiencias, aunque todavía no se conoce qué medidas adoptará el tribunal.
