Radio la 95 Fm 95.1 MHZ | Mar Del Plata!
La Corte Suprema de Justicia dio un giro en la polémica por la Ley de Tierras y dictó una medida cautelar provisoria que suspendió su derogación. De esta forma, vuelven a regir las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros que establecía la Ley 26.737.
La decisión se tomó en una causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, entre ellos las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, vinculada con el proceso colectivo impulsado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Los demandantes habían pedido una aclaratoria, ya que su amparo había sido tratado como un caso conexo al del CECIM y querían saber si el fallo anterior de la Corte afectaba también a su expediente.
En los últimos días, el tribunal aceleró los tiempos para resolver. Como Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz no coincidían, se sortearon conjueces para formar mayoría: resultaron elegidos Diego Barroetaveña, de la Cámara de Casación, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Además, la Corte redujo de 72 a 24 horas el plazo para recusarlos.
Finalmente, el máximo tribunal consideró que el reclamo estaba vinculado con la protección frente al daño ambiental y devolvió la causa al juzgado federal de Bariloche, donde se inició, para que allí se analice el planteo. Mientras tanto, y hasta que se resuelva si los demandantes están habilitados para litigar, dictó una cautelar que suspende los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, el que había derogado la Ley de Tierras.
Rosenkrantz votó en disidencia. Aunque reconoció que la situación de la asociación demandante era distinta de la del CECIM, sostuvo que la Corte no tenía competencia para dictar una cautelar, ni siquiera provisoria. “Un proceder así solamente debilitará la confiabilidad del Poder Judicial de la Nación”, advirtió.
El fallo llega en medio de la discusión política por la Ley de Tierras: la oposición impulsa sesiones para rechazar el DNU 70/23, mientras el oficialismo busca reincorporar algunos límites a la venta de tierras a extranjeros en su proyecto de propiedad privada.
