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El Gobierno lanzó un nuevo plan de retiros voluntarios para unos 20.000 empleados públicos

El Gobierno oficializó un nuevo régimen de retiros voluntarios para empleados de la administración pública nacional, como parte del plan para achicar el Estado que impulsan Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La medida se publicó este lunes en el Boletín Oficial con la firma del Presidente, Sturzenegger y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El Gobierno lanzó un nuevo plan de retiros voluntarios para unos 20.000 empleados públicos
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto al presidente Javier Milei en una reunión en la residencia de Olivos.

Según el ministro, unos 20.000 estatales están en condiciones de acceder. La inscripción será entre el 1 y el 30 de noviembre, con posibilidad de prórroga por 30 días. Las compensaciones varían según la edad, los años de aportes y la antigüedad: quienes adhieran pueden llegar a cobrar hasta 25 sueldos en un pago único o el 60% del salario bruto mensual durante tres años.

«Para evitar una puerta giratoria, quienes participen no pueden volver a la administración, o deben devolver el dinero previamente. Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos», explicó Sturzenegger en X. El decreto establece que no podrán reingresar al Estado durante ocho años y que los cargos de quienes se vayan «serán suprimidos».

El régimen está dirigido a empleados de planta permanente y con contratos por tiempo indeterminado de la administración central: Presidencia, Jefatura de Gabinete, ministerios y secretarías, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Los aspirantes se dividen en tres grupos según su edad y sus aportes: mujeres desde 58 años y hombres desde 63 sin aportes suficientes; mujeres de 58 a 64 y hombres de 63 a 64 con al menos 30 años de aportes; y mujeres desde 57 y hombres desde 62. Quedan excluidos, entre otros, el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Una vez presentado el pedido, cada organismo tendrá 40 días para responder; si no lo hace, la solicitud se considerará rechazada. Desde ATE anunciaron una movilización a la Quinta de Olivos en rechazo de la medida.

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